En Michoacán el Estado de derecho está suspendido, es decir, hay un estado de excepción, en donde el soberano (quienes han tomado la palabra —y las armas— a nombre de un pueblo asolado por el gobierno y los narcotraficantes) decidieron suspender parcialmente las garantías individuales en razón de un peligro mayor: vivir sometidos a las exigencias criminales e inmorales de un amplio grupo (y creciente) delincuencial.
Lo que sucede en el estado de Michoacán es un conflicto atípico que, a pesar de muchos intentos de conocedores de diferentes tendencias ideológicas y políticas, no han podido encuadrar en sus esquemas de análisis de lo que la realidad presenta en dicha entidad federativa.
Los analistas de izquierda, tardaron, pero reaccionaron de forma negativa hacia dicho fenómeno. Dedujeron que los alzados en armas, las autodefensas, fueron primero auspiciados por el gobierno federal en una nueva forma de hacer la guerra contra comunidades autónomas, como lo señaló el analista uruguayo Carlos Fazio (autonomía que, de manera importante, existe en Cherán, Michoacán, y en el estado de Chiapas, en la zona de influencia zapatista); la derecha dio su mejor versión en el noticiario estelar del canal de las estrellas manipulando las declaraciones del dirigente más visible de los alzados michoacanos: José Manuel Mireles Valverde, en donde descontextualizando sus afirmaciones, se afirmó que las autodefensas bajaban las armas y regresaban, casi como si nada hubiese pasado, a sus comunidades de origen. Esto último, por supuesto, fue falso.
Pero hay algunas voces más ecuánimes, que sin la obligación de aprobar o condenar, intentan clarificar lo que está sucediendo, tomando indicios de lo que sucede, con lo que puede suceder. El documentalista Salvador Díaz Sánchez, quien ha seguido puntualmente el desarrollo de la autonomía de Cherán (un proceso profundo de transformación social) a través de su policía comunitaria, nos señala una diferenciación importante: no hay que confundirnos —nos dice—, las policías comunitarias no son lo mismo que las guardias de autodefensa. Las comunitarias “toman como base para asumir decisiones las asambleas comunitarias, para ello cuentan con reglamentos y leyes internas”; las autodefensas actúan para proteger a su comunidad de un ataque, es la reacción que un pueblo, o una parte de éste, ha tenido, pero sin la profundidad de una organización que vaya más allá de la seguridad: un pueblo se arma y cumple una encomienda, deshacerse del peligro.
Sin embargo, el problema de análisis en esta caso michoacano estriba en que las autodefensas no reivindican una lucha de clases, no se dicen oprimidos (en el sentido marxista) que tratan de llevar al proletariado al poder, incluso, se le ha calificado de una “insurrección de la burguesía” en ese estado. Algunos analistas y periodistas afirman que las autodefensas fueron armadas con el apoyo de empresarios agrícolas, quienes vieron ya insoportable la situación en la que los habían sumido los cárteles de la droga. Y hay evidencia de que esta tesis puede ser cierta, ya que el día jueves 16 de enero, las autodefensas anunciaron que devolvían 265 hectáreas a los dueños, que los Templarios y su antecedente, la Familia michoacana, les había arrebatado. Productores de aguacate beneficiados.
No obstante, hay algo que pocos han visto, que es el “mal ejemplo” que otras comunidades pueden tomar de estos grupos que hoy tienen a México mirando con atención a Michoacán. El apoyo de la opinión pública ha sido avasalladoramente de apoyo a las acciones de las autodefensas. Pocos han cuestionado el uso de armas de grueso calibre para defender a sus comunidades y vieron con alegría cómo los liderados por el doctor Mireles avanzaban tomando pueblos y ayudando a formar sus cuerpos de autodefensa, hasta quedar a las puertas del bastión de los Caballeros Templarios, Apatzingán, adonde el gobierno tuvo que enviar un fuerte operativo conjunto de elementos del Ejército y Policía Federal, para “restablecer el Estado de derecho”, como dicen en sus discursos los políticos, como Miguel Ángel Osorio Chong, el secretario de Gobernación, porque Enrique Peña Nieto se ha desaparecido en estos días de crisis mayúscula.
No han alcanzado a notar los analistas que el caso Michoacán ha demostrado que en este estado de cosas que suceden en nuestro país, al pueblo mexicano ya no lo confrontan las armas, son invalidados los argumentos de la ilegitimidad del uso de los artefactos de guerra (como en el caso de las guerrillas, a las que les dicen, ceja levantada: “está bien que protestes por la pobreza, pero con armas no”). Ahí hay una lección que extraer, y no desechar todo porque sus esquemas cuadrados no los dejan aceptar o bendecir la realidad. El apoyo popular en México ha sido abrumadoramente a favor. Hasta a los intelectuales tomó en curva esta situación.
Si el gobierno, como algunos afirman, fue quien armó a las autodefensas y las toleró, y hoy no saben cómo desactivarlas, es muestra de unos aprendices de brujo que son incapaces de controlar sus creaciones: se les salió de las manos; si fue un alzamiento del cual el gobierno no tuvo control inicial, y hoy, como se ve, no puede controlar a cabalidad (con civiles desarmados asesinados por el Ejército en Antúnez, incluida una niña de 11 años), es algo que puede contagiar a otras comunidades a hacer lo mismo, a otros estados de la República: ya vieron que un pueblo armado es invencible.
Ya soltaron al tigre de nuevo, ¿lo podrán volver a amarrar?
Ya soltaron al tigre de nuevo, ¿lo podrán volver a amarrar?