El nuevo rapapolvo se produjo en la audiencia de hoy viernes donde el
país apenas envió un representante para defender su posición de rechazo
a la sentencia condenatorio emitida la semana pasada.
SAN JOSÉ, Costa Rica.-La Corte Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) le recordó este viernes a la República Dominicana que las
decisiones que allí se tomen no se pueden ser interpretar al “antojo” de
cada Estado, ya que al hacerlo pondría en entredicho la justicia
internacional.
“Si cada Estado tuviera la última palabra acerca de cómo interpreta
el sentido y alcance de sus obligaciones internacionales, el Derecho
Internacional no tendría ningún sentido”, indicó el comisionado Felipe
González, relator sobre los Derechos de los Migrantes.
La semana pasada la CIDH declaró culpable a República Dominicana por
privaciones ilegales y arbirarias de libertad y por expulsiones sumarias
de 26 haitianos y dominicanos de origen haitiano entre 1999 y 2000 y le
ordenó modificar cualquier ley, incluso la Constitución, de modo que no
se le quite el derecho a la nacionalidad a ningún hijo de inmigrante
indocumentado nacido en el país antes de 2010.
La Corte también se pronunció en contra de la sentencia 168-13 del
Tribunal Constitucional que -en su opinión- privaba de ciudadanía a unas
200.000 personas y señaló que la medida viola el “derecho a la
nacionalidad” de los afectados, en su mayoría hijos de inmigrantes
haitianos que vinieron al país a trabajar como braceros en campos de
caña de ingenios estatales, muchos, y otros a trabajar como jornaleros
en plantaciones privadas.
El Gobierno dominicano rechazó categóricamente la sentencia de la
CIDH tras considerala como “extemporánea, sesgada e inoportuna”, y
declaró que la misma era inaceptable. porque cuestionaba los poderes
legítimamente constituidos.
Sin embargo, la CIDH consideró hoy que de ninguna manera es una
invasión de los órganos internacionales en asuntos internos de un
Estado, sino que “son obligaciones que los Estados, en este caso
República Dominicana, asumen voluntariamente y la interpretación última
la tiene el organismo internacional”.
“No caben aquí nuevas interpretaciones por parte del Estado”, dijo González.
“Ahora la Corte dice claramente que las obligaciones del Estado son
A, B y C y el Estado no puede argumentar que sus obligaciones son D, E y
F, tiene que atenerse a la interpretación de la Corte Interamericana,
si al final cada Estado puede interpretar el tratado como se le antoja,
no tendría ningún sentido que hubiera tribunales encargados de su
interpretación”.
De su lado, Rosa María Ortiz, relatora para Rep. Dominicana le
recordó a la representación criolla que el propio ordenamiento jurídico
dominicano se rige por tratados internacionales.
Mientras, la presidenta de la CIDH, Tracy Robinson, lamentó la baja
representación en la audiencia del Estado dominicano, que sólo envió a
una representante alterna ante la Organización de Estados Americanos
(OEA), Ellen Martínez, que no respondió a los comentarios y preguntas
sino que dijo los remitiría a s u gobierno.
Aunque el gobierno rechazó de manera oficial la sentencia de la
Corte, poco después el canciller Andrés Navarro descartó de plano que el
país pretenda abandonar ese organismo regional, como demandan algunos
sectores ultranacionalistas.