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| Luis Carvajal. |
En el 2014 el movimiento ambiental dominicano tiene varias metas: que Loma Miranda sea declarada Parque Nacional y revertir concesiones mineras en zonas de parque en la cordillera Central, fundamentalmente aquellas que amenazan las aguas, son las principales.
“Un elemento fundamental es la atención al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Cada vez más este sistema está siendo amenazado. Hay una tendencia desde múltiples partes a producir cambios importantes para reducir las áreas y sobre áreas protegidas, sobre agua, sobre ríos, la atención central debe estar en la Ley de Aguas: hay que evitar que una ley de agua abra espacio a la privatización, que si se aprueba, porque es necesaria la aprobación en el país, que esta ley pueda servir al interés nacional”, señala el biólogo Luis Carvajal.
Además, a juicio del catedrático y miembro de los equipos ambientales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y de la Academia de Ciencias de la República Dominicana (ACRD), en el 2014 el ambientalismo tendrá que seguir fortaleciéndose desde el punto de vista orgánico, para que las organizaciones en todo el territorio fortalezcan sus niveles de vinculación, y que todo problema a nivel local lo sea para todos los ambientalistas a nivel nacional.
“Tenemos que aumentar la capacidad de estudiar situaciones y de generar análisis y respuestas y propuestas técnicas claras. Nosotros tenemos metas este año, una es que Loma Miranda sea declarada Parque Nacional, otra lograr revertir las concesiones mineras en zonas de parque en la cordillera Central, fundamentalmente aquellas que amenazan las aguas: Los Canelones, las que afectan el naciente de río Artibonito, las que afectan el Yaque del Sur, el Ozama e Isabela (en la Loma de Los Siete Picos)”, explica.
Asimismo, según detalla Carvajal, es también vital la revisión de la Ley Minera, porque probablemente una revisión del contenido de esta normativa sobre todo alrededor de los derechos de participación de los dueños de terrenos, de participación de los dueños de superficie sobre los beneficios mineros, dé mayor atención a los aspectos ambientales y garantice un blindaje del país frente a experiencias como los “contratos leoninos” firmados con Barrick Gold o en el caso de la extracción de bauxita y evitar conflictos como el de Loma Miranda.
“Para ello, además de la Ley Minera, un objetivo central es avanzar hacia una Ley de Ordenamiento Territorial. Esta normativa que ha sido descrita, desde ya hace muchos años, como una prioridad en el ordenamiento jurídico ambiental del país, sigue siendo pospuesta”, lamenta.
Fuente: Hoy Digital